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En Colombia, el Amazonas cubre aproximadamente un tercio de la superficie del territorio nacional y ha sido sometido a procesos de transformación por deforestación para extender la frontera agropecuaria, minería, cacería ilegal, sobrepesca y urbanización. Por esta razón, el Gobierno colombiano busca reducir a cero la deforestación en esta región para el año 2020.

 

El sector agrícola ha sido uno de los tres sectores en los que se han identificado y avalado medidas y acciones para implementar la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+) del país. El país ha lanzado recientemente la TFA 2020 Colombia, una alianza público-privada, a través de la cual, el gobierno colombiano colaborará con compañías multinacionales, organizaciones de la sociedad civil y países donantes para reforzar la agenda "cero" deforestación. A través de dicha plataforma se busca también fomentar enfoques de producción y comercialización de commodities más sostenibles en las cadenas de carne, leche, aceite de palma y madera. De la misma forma, se busca impulsar modelos productivos que hagan un mejor uso de todas las tierras y, en particular, de las ya deforestadas, a fin de evitar la continua expansión de la frontera agrícola.

 

La reconversión productiva empujada para lograr la deforestación cero requiere también de la participación de pequeños productores y de la adopción de modelos productivos agroambientales. Muchos de estos modelos requieren de inversiones iniciales que los productores no están siempre en posición de realizar, por lo que el acceso a financiamiento es crítico. Sin embargo, existen varias barreras de acceso al crédito para actividades agropecuarias que impiden la financiación de proyectos agroambientales, especialmente para pequeños propietarios. A continuación se identifican estas barreras:

 

• Las garantías exigidas por los intermediarios financieros. Las entidades buscan mitigar el riesgo de una cartera siniestrada buscando figuras que respalden el pago de la deuda en caso de un comportamiento no deseado del deudor.

En Colombia persiste el problema de la falta de titulación de tierras y la falsa tradición que restringe en muchos casos al pequeño productor, especialmente en los departamentos que han sufrido el conflicto armado, para aspirar a ser beneficiario de crédito. Esto impide que los pequeños productores puedan acceder a líneas de crédito por no tener escrituras del predio que permitan hipotecarlo como prenda de garantía para el mismo.

 

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• Historia crediticia en el sector financiero. Los intermediarios revisan la historia crediticia del solicitante para evaluar sus hábitos de pago.

Para el caso de los pequeños productores que desean emprender proyectos agropecuarios en sus predios por primera vez o que nunca han obtenido un crédito a través de una institución financiera, esto se constituye en una barrera de acceso que impide la financiación de los sistemas productivos por no tener vida crediticia. Esto ha impedido que un porcentaje elevado de pequeños productores sean sujetos de crédito.

Una opción que vale la pena considerar para superar este obstáculo es tener en cuenta el otorgamiento de incentivos a la conservación como los pagos por servicios ambientales (PSA) como criterio de evaluación de posibles líneas especiales de créditos a la reconversión productiva.

En este caso, los propietarios que han sido beneficiarios de incentivos a la conservación podrían contar como primeros candidatos para obtener créditos que financien sus prácticas sostenibles, quienes, además de demostrar una conducta de conservación, tienen una fuente adicional de ingresos que puede respaldar la deuda, lo que reduce los riesgos de eventos de impago. Se podrían considerar esquemas en el que el ingreso proveniente de estos pagos sea utilizado para subsanar posibles inconvenientes en la producción o la demora del sistema en producir y dar rendimientos favorables.

 

• Elevados costos de transacción en el trámite del crédito. Para un pequeño productor los costos de tramitar un crédito pueden llegar a alcanzar hasta el 20% del valor del mismo. Se trata de gastos para los viajes a oficinas sucursales del banco, los tiempos de espera, la recolección de documentación, el pago de comisiones o asistencia para el diligenciamiento de los formularios o elaboración de la declaración de renta, pago de derechos notariales, apertura de la cuenta de ahorros, llamadas telefónicas entre otros.

 

• Falta de asistencia técnica integral. Los flujos de caja de los proyectos son determinantes a la hora de aprobar o rechazar un crédito agropecuario. Para el caso de modelos agroambientales, no hay un conocimiento fuerte local sobre los arreglos agroforestales y silvopastoriles apropiados que garanticen flujos de caja dentro de los plazos establecidos en los créditos.

Es necesario que los modelos sean refinados y que el conocimiento sea masificado, además de trabajar con intermediarios financieros para que los créditos sean adecuados a los flujos de caja de los modelos productivos. Actualmente instituciones de investigación como el Sinchi y el CIAT están adelantando investigaciones en este campo para tener una oferta atractiva que despierte el interés de los productores y financiadores en las diferentes regiones del país, especialmente en la Amazonía, pero hace falta refinar y masificar este conocimiento.

Para poder llegar a los pequeños productores es necesario entender el contexto y encontrar la mezcla adecuada de incentivos que propicien la adopción de prácticas agroambientales.

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